Los móviles se quedarán fuera del aula

La Comunidad prohibirá a los alumnos acudir a clase con teléfonos móviles, Mp3 y videoconsolas - La nueva normativa reforzará también la autoridad de los profesores y endurecerá las sanciones por acoso escolar.

Ni móviles, ni Mp3, ni videoconsolas. Ningún aparato que pueda distraer al niño de su atención en la clase estará permitido en los colegios de la Comunidad. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha desarrollado una normativa para devolver la autoridad a los profesores y atajar los episodios de indisciplina y violencia en las aulas que se han denunciado en los últimos meses. Además, endurece las sanciones en los casos de violencia o acoso escolar, que se podrían penar con la expulsión del centro.


El borrador de la Normativa de Convivencia permite, entre otras actuaciones, que los directores y profesores sancionen automáticamente las faltas leves que se produzcan en el ámbito de su competencia. Cada centro escolar deberá elaborar su propio plan de convivencia, con un código de buena conducta o reglamento para los alumnos en el que figuren las normas de comportamiento que los alumnos deben respetar obligatoriamente.
Las infracciones de estas normas serán consideradas faltas leves, salvo que concurran circunstancias agravantes, y podrán ser sancionadas inmediatamente por cualquier profesor del centro.
Además de distraer a los alumnos, los móviles han tenido cierto protagonismo en casos de agresiones. El más reciente ocurrió el pasado octubre, cuando el padre de un niño agredido en el Colegio Suizo presentó un vídeo en el que se veía como varios compañeros de su hijo le daban hasta 21 golpes. El caso se encuentra ahora mismo en los tribunales. Precisamente ayer, el padre del chico denunció que el colegio no ha sido siquiera expedientado.
Trabajos después de clase
Se considerará falta leve también el uso de teléfonos móviles y aparatos electrónicos en las clases -mp3, videoconsolas, consolas, etc- . Este extremo es una de las principales quejas que ha recibido el Gobierno regional por parte de los profesores, que denuncian que la proliferación de estos aparatos ocasiona graves perjuicios y trastornos en el desarrollo habitual de las clases.
La normativa recoge que la reiteración de cualquier tipo de infracción leve podría conllevar sanciones como la de realizar trabajos después de clase o la expulsión temporal del centro por un plazo máximo de seis días. Estos castigos serían los mismos para los actos graves de indisciplina, continuas faltas de asistencia a clase sin justificar o causar daños en las instalaciones del centro.
Con este decreto el Ejecutivo de Aguirre pretende respaldar a las víctimas de acoso y violencia escolar mediante mecanismos que les defiendan frente a sus agresores.
El primero de estos mecanismos es un endurecimiento de las sanciones en caso de falta grave -que deberán ser probadas y comprobadas mediante un expediente-. Las medidas disciplinarias podrán ir desde la suspensión temporal del derecho a la asistencia a clase, pasando por el cambio de centro, hasta la expulsión del mismo. Además, será el agresor quien esté obligado a cambiar de centro y no el agredido.
Se consideran faltas graves los hechos que lesionen los derechos inherentes a las personas, tanto la integridad física como las que atentan contra la dignidad, como el acoso y las humillaciones a los miembros de la comunidad educativa, ya sean profesores, personal del centro o compañeros. Los daños graves causados a las instalaciones, materiales o documentos del centro también serán susceptibles de las sanciones más severas.
Código de conducta
Por último, la Comunidad pretende evitar que se repitan situaciones como la del Colegio Suizo, donde los compañeros de clase grabaron las agresiones que realizaban a su hijo. Así, se eleva a falta grave, que puede ser castigada incluso con expulsión, la grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o conductas contrarias a las normas de convivencia.
El borrador de las nuevas Normas para la Convivencia es consecuencia del acuerdo alcanzado por todos los grupos políticos de la Asamblea, a través de una Proposición No de Ley aprobada el pasado 20 de abril. El Gobierno regional remitirá el borrador al Consejo Escolar de la Comunidad, antes de su aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno, con el fin de que ese organismo emita su informe con las aportaciones que considere oportunas al nuevo decreto.
Al respecto, la presidenta de la Confederación de padres y madres de alumnos, COFAPA, Mercedes Coloma, consideró el borrador «una buena noticia que evitará muchos problemas de violencia en las aulas». Por eso, aplaude que en el código se contemple la medida de otorgar más autoridad a los profesores y directores de los centros. COFAPA considera que la prohibición del uso de cualquier aparato electrónico en clase va a ser muy útil.
Por su parte, el portavoz de la Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza (ANPE) de Madrid, Armando Pliego, calificó de «magnífico» el acuerdo. «Nosotros hemos dicho siempre que los teléfonos móviles y cualquier instrumento que pueda pertubar la atención del profesor y de otros compañeros deben estar prohibidos en las aulas», apuntó Pliego.

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